Carta de Respolis (borrador)

MANIFIESTO POR LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
(borrador, versión 2.1, enero 2008)
Por la construcción de un orden ciudadano realmente democrático a escala local y planetaria

La pretensión de este texto, y la de las propuestas que incluye, es servir de pre-texto o de posible punto de arranque, para que las personas y grupos interesados en estos temas, a nivel internacional, entablen una reflexión colectiva sobre la reorganización del modelo político de las sociedades desde la escala local a la escala planetaria, por un mundo justo, responsable, y realmente democrático. Llegado el momento, esa reflexión y otras similares podrían dar lugar, directa o indirectamente, a articulaciones y movilizaciónes en favor de la aplicación de nuevos modelos de organización política.

Usted está invitado, a nivel individual o en representación de su grupo, a mostrar su apoyo firmando este texto, así como a participar en el diálogo internacional que se genere a partir de su divulgación. Para todo ello, escriba a respolis@gmail.com


PREMISAS

1. La política, entendida como el arte de gobernar y tomar decisiones, es la dimensión de la organización humana que concierne la gestión de los asuntos comunes de una comunidad o colectivo.

2. El objetivo de toda forma responsable de organización política es el de conseguir que esta gestión esté al servicio de las necesidades de todos los miembros de la comunidad.

3. Los principales modelos políticos puestos en práctica para gestionar las sociedades modernas (democracia representativa liberal, régimen socialista) han sabido construir, como respuesta al desarrollo tecnológico y económico acelerado de la modernidad, una cohesión social mínima o superficial. Pero en ningún caso han sido capaces de instaurar la responsabilidad política, es decir una real eficiencia en la gestión de los asuntos comunes desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y de la naturaleza.

4. Dicho de otro modo: la forma en que se ha desarrollado la política, no ha servido para resolver los principales problemas sociales: miseria, desigualdades, injusticias, guerras, destrucción del medio ambiente, violación de los derechos, predominio de modelos de consumismo y competitividad, entre otros.

5. La historia política de los últimos 200 años nos enseña que la limitación de la democracia representativa, y de los diversos regímenes socialistas y militaristas, para ejercer una responsabilidad política plena, es estructural, es decir que sus causas se sitúan en las limitaciones intrínsecas de su modo de organización, y no solamente en la incapacidad o la falta de voluntad de responsables políticos, partidos, gobiernos, o del contexto social de un país concreto o su situación dependiente en la economía internacional.

6. Todos los signos que delatan la crisis de los regímenes políticos actuales, no son sus causantes sino las consecuencias de su propia insostenibilidad: fin del carácter mediador de los partidos entre la sociedad y el estado, corrupción y clientelismo, partitocracia, incumplimiento sistemático de las promesas, falta de control ciudadano, abstencionismo, parálisis administrativa, discursos y declaraciones repletos de banalidades, mentiras, acusaciones entrecruzadas, electoralismo, abusos de poder, uso partidista de presupuestos públicos, lobismo y conflicto de intereses llevados al extremo, prevaricación, formas de impunidad legal o consentida, jerarquización dentro y fuera de los partidos, connivencia con las cúpulas económicas, control de los medios, de la sociedad civil y de la ciudadania...Las causas se sitúan más allá, en una deficiente cultura ciudadana, democrática y ética de nuestra civilización, que permite una jerarquización generalizada del conjunto de la organización social, en la que la cadena de mando y el conflicto son la norma y el diálogo en igualdad de condiciones, la excepción.

7. Por otro lado, los acontecimientos de las últimas décadas sirven para trazar una tendencia actual y futura en la que el ritmo trepidante de la mundialización acelera los desequilibrios entre personas, entre sociedades, y con la naturaleza, y modifica enormemente la manera de comunicarnos. Todo ello nos sitúa en un escenario nuevo, peor que el anterior, y que requiere más que nunca nuevas respuestas.

8. Aunque cada vez más personas están mejor capacitadas que en el pasado, sobretodo gracias a la universalización de la educación, para gestionar los problemas sociales, la humanidad se encuentra entre la espada de la urgencia para resolver situaciones más críticas que afectan a poblaciones más extensas, y la pared de no disponer de un modelo político adecuado para ejercer toda su potencialidad.

9. Por ello es necesario reinventar las reglas de juego de la política desde la escala local a la escala mundial, atendiendo a la perspectiva de responder a una exigencia de responsabilidad, es decir de eficiencia respecto al cumplimiento del objetivo de dar safisfación a las necesidades de desarrollo de la humanidad, y de la vida en general.

Para ello, se han elaborado los siguientes principios:



PRINCIPIOS

Principios generales de responsabilidad política

1. La comunidad ciudadana internacional debe defender la existencia normativa de una ciudadanía humana plural, desvinculada de una nacionalidad exclusiva y que se le pueda garantizar a todas las personas sin distinción.

2. La gestión política de los territorios debe subordinarse a una ética universal de la responsabilidad política común. Sus valores han de ser fruto del consenso entre las aportaciones de las diferentes tradiciones culturales y sociales

3. La política debe definir las condiciones y los campos de aplicación de la economía, revirtiendo la situación inversa actual, en la que son las leyes de mercado las que definen las condiciones de la política.

4. La política debe establecer unas reglas comunes que definan las relaciones de la humanidad con la biosfera en beneficio de las necesidades y el funcionamiento armonioso de ambas. La reconstrucción del equilibrio medioambiental planetario, quebrado por el modelo desarrollista, requiere coordinación y cooperación entre muchos actores, y la superación del predominio de la fuerza ciega de la competitividad.

5. El diseño y aplicación de las políticas públicas debe ser capaz en todo momento, y al mismo tiempo, de satisfacer las necesidades a corto plazo, y de garantizar el equilibrio de las generaciones futuras.

Principios de responsabilidad asociados a las formas de gobierno

6. La actividad, la organización y la responsabilidad política deben ser competencia de la ciudadanía, y no de unos pocos expertos llamados políticos. Las leyes, la educación, los medios de comunicación, etc. deben ser los medios disponibles para construir ese cambio de paradigma en la cultura política de la sociedad.

7. El conjunto de la ciudadanía conoce, mejor que los mandatarios y los expertos, cuáles son los problemas y necesidades de la comunidad, y es capaz de encontrar, mediante la dinamización de la inteligencia colectiva, mejores soluciones. Por eso se deben promocionar preferentemente los modelos políticos con mayor intensidad, regularidad, capacidad vinculativa, alcance temático, y protagonismo, de los procesos de participación ciudadana, respecto a otros modos de toma de decisiones.

8. En este sentido, se debe imaginar y proyectar una transición desde los diferentes modelos políticos actuales (democracia representativa y otros) hacia modelos más participativos, plenamente participativos o directos, independientemente de los rasgos diferenciales que reciban en función de cada cultura, sociedad, país, etc. (ver el apartado siguiente sobre la propuesta de organización de la transición).

9. La representatividad en política ha de ser considerada un deber al servicio e la comunidad representada y no un privilegio al servicio de cualquier otro interés. Las leyes, la educación, la cultura, los medios de comunicación, etc. deben ser también medios disponibles para construir ese cambio de paradigma en la cultura política de la sociedad.

10. La transparencia, la honestidad y la coherencia han de ser principios fundamentales de la actividad política y de la relación entre los actores y los receptores de la gestión de los asuntos públicos. Todos los dispositivos (discursos, información, atención prestada, métodos de trabajo, tecnologías utilizadas, servicios ofrecidos, etc.) han de ser coherentes con los objetivos perseguidos, realistas, y de conocimiento público.

11. Todos los sistemas democráticos actuales y futuros (representativos, participativos, directos, etc.) deben desarrollar mecanismos ciudadanos de transparencia detallada, control, evaluación y sanción política y eventualmente económica que se puedan aplicar a todas las actividades políticas y a las personas que las ejercen cuando la ley lo determine.

12. La organización de los territorios (incluídos los estados soberanos y los niveles regional y mundial) debe seguir el principio de "subsidiariedad dinámica" según el cual:

a) Las decisiones circulan siempre de abajo a arriba, y las informaciones circulan en todas direcciones, entre ellas, de arriba a abajo.

b) El diseño y funcionamiento de las instituciones debe regirse dinámicamente a partir de las decisiones soberanas que la ciudadanía emprenda permanentemente. De esta manera se garantizará el desarrollo de un proceso permanente de profundización democrática.

c) Los diferentes organismos públicos tienen la obligación de hacer de la cooperación recíproca entre ellas y con la ciudadanía un eje central de sus actividades, y de avanzar hacia el establecimiento de corresponsabilidades permanentes entre diferentes niveles y sectores temáticos de la gestión pública, capaces de enlazar en red a las instituciones desde la escala local a la escala planetaria.

13. Los territorios, especialmente los estados soberanos y los bloques económicos y militares que éstos construyen, han de promover lealtades institucionales y afinidades identitarias imbricadas con terceros, observando los principios de unidad y diversidad a todas las escalas, y abandonar oficialmente y en la práctica, la lealtad a las "razones de estado", a las interpretaciones excluyentes de las identidades culturales y religiosas, y las actitudes competitivas y bélicas.


Organizar una transición hacia la plena democracia participativa

1. Entendemos por "plena democràcia participativa" una situación en la que el modelo o modelos de organización política existentes en un territorio, ya sean nominal y/o organizativamente, de democracia "representativa", "participativa", "directa" u otros, otorguen en la práctica el protagonismo principal de la toma de decisiones, vinculante, sobre todas las competencias (incluídas las que hoy en día no corresponden a determinadas escalas del territorio), a la participación ciudadana.

2. La transición debe realizarse ordenada y progresivamente, a partir de pruebas y corrección de errores, para evitar el riesgo de parálisis en caso de que una supuesta multiplicación masiva de debates no se corresponda con una aplicación acompasada de las resoluciones que éstos produzcan.

3. Por otro lado, la lucha por la democracia representativa y por las libertades que hoy en día existe en muchos países que mantienen regímenes autoritarios, represivos, o de democracia representativa limitada y sin libertades o con pocas libertades, debe ser considerada en estos países como una primera etapa de este proceso internacional de democratización, y apoyada consecuentemente.

4. La extensión y generalización progresiva de modelos de democracia participativa y directa, debe tener en cuenta su aplicación a lo largo del ciclo de vida de las políticas públicas, desde la concepción, pasando por la elaboración, la aplicación y acabando con el control y evaluación.

5. Para garantizar el punto primero del apartado referido al principio de subsidiariedad dinámica, se deben poner en marcha procesos comunicativos recíprocos permanentes entre la ciudadanía y los responsables o delegados políticos. Eso conlleva a una reconversión y / o substitución, de todos o una buena parte de los responsables políticos de los sistemas representativos en gestores (animadores, moderadores, diseñadores de metodologías...) de procesos permanentes y vinculantes de participación ciudadana. Estos procesos serían los principales espacios protagonistas de la toma de decisiones en los nuevos modelos políticos. Otra parte de los responsables políticos continuaría ejerciendo, como hasta ahora, la función ejecutiva, acompañados por mecanismos ciudadanos que aseguren la transparencia, el control, la evaluación y la sanción de su gestión.

6. También debe promoverse la cultura participativa más allá del ámbito de la gestión de lo público a partir de la puesta en marcha de todo tipo de procesos sociales de desarrollo de la inteligencia colectiva en todas las dimensiones de las relaciones humanas, y mediante su definición y práctica a través de la educación, la cultura, las empresas, los medios de comunicación, las leyes, las relaciones profesionales y comerciales, etc.